Posición Institucional sobre la caza

Aves Argentinas - Asociación Ornitológica del Plata, la organización ambientalista más antigua de Sudamérica, adopta una posición firme en contra de cualquier actividad cinegética que comprometa la conservación de la biodiversidad. En consonancia con su misión, prioriza la preservación de las especies y la integridad de los ecosistemas por encima de cualquier actividad perjudicial. Del mismo modo, recomienda enfáticamente a las autoridades provinciales que a la hora de autorizar la caza de especies nativas tomen en consideración el principio precautorio establecido por la Ley General del Ambiente (Ley 25.675), y lo permitan sólo en tanto y en cuanto cuenten con información científica sólida y de acceso público, en forma concertada con las jurisdicciones con las cuales comparten el dominio del recurso, y con mecanismos y personal apropiados para fiscalizar posteriormente la actividad.

La caza en Argentina es una práctica legal y está regulada por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna y el Decreto 666/1997 que la clasifica según su finalidad: deportiva, comercial, de control de especies, o con fines científicos, educativos, culturales, para zoológicos, criaderos o cotos de caza. Cada provincia tiene competencia para legislar y reglamentar la actividad en su territorio, definiendo las especies permitidas, temporadas de caza, zonas habilitadas y requisitos específicos para la obtención de licencias; del mismo modo, son responsables de la fiscalización y control sobre esta actividad. Esta situación presenta una enorme complejidad en función de la heterogeneidad normativa, en especial cuando se trata de especies migratorias como las aves.

Desde una perspectiva biológica, las especies y los ecosistemas no respetan las divisiones políticas, lo cual choca con un esquema regulatorio basado en jurisdicciones provinciales, un aspecto no menor que debería obligar a las respectivas autoridades jurisdiccionales competentes a considerar sus decisiones tomando en cuenta que se trata, como se dijo, de recursos compartidos, especialmente en lo que respecta a especies migratorias.

Asimismo, como consecuencia de las dificultades que entraña un control efectivo y las limitadas capacidades de fiscalización, debe considerarse el impacto de la caza furtiva e ilegal, que continúa siendo una práctica extendida sobre el territorio nacional y unas de las mayores amenazas para la vida silvestre tanto en Argentina como a nivel global. La problemática se agrava en combinación con otras amenazas como la pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, junto con el tráfico ilegal de fauna silvestre, que aceleran aún más la disminución y degradación de la biodiversidad. Uno de los casos que demanda especial atención es el del llamado turismo cinegético, por el cual visitantes extranjeros llegan al país a cazar de la mano de empresas no siempre habilitadas y realizan matanzas indiscriminadas de aves silvestres. 

Reconsiderar el otorgamiento de este tipo de permisos y monitorear de cerca esta actividad es imperativo y representa una asignatura pendienteconsiderando los resultados. El control de las reglamentaciones de estas empresas, las habilitaciones de los establecimientos de caza, las licencias de los cazadores, los métodos utilizados, las especies objeto de la actividad y los cupos son aspectos que no pueden ser desatendidos. La sostenibilidad es una condición ineludible para que la caza pueda ser compatible con la conservación de la biodiversidad, lo que implica, en líneas generales, no comprometer la integridad y viabilidad de las poblaciones silvestres de las especies explotadas, así como sus hábitats y el resto de las especies que los habitan. 

Sin embargo, para que este abordaje pueda llegar a resultar factible en la práctica, consideramos fundamental apelar al compromiso de las respectivas jurisdicciones para el debido cumplimiento del marco constitucional y de la legislación de fondo, en especial el Artículo 41 de la CN, la Ley General del Ambiente y los compromisos asumidos y ratificados por la República Argentina en convenciones y acuerdos internacionales.

Algunas prácticas que han sido autorizadas resultan incompatibles con la conservación de la biodiversidad, como habilitaciones arbitrarias de temporadas de caza y cupos para especies nativas sin relevamientos sobre el estado de sus poblaciones o poblaciones en declive, y sin estudios ambientales; o la caza en áreas definidas como críticas por la presencia de especies amenazadas, al igual que el uso de municiones de plomo, entre otras. 

Las consecuencias negativas de estas prácticas no solo afectan a las especies cazadas, provocando la sobreexplotación y la drástica reducción de sus poblaciones, sino que pueden repercutir en todo el ecosistema de forma más amplia. Por ejemplo, los efectos pueden impactar en otras especies amenazadas que habitan la zona, ya sea por la alteración de las cadenas tróficas o por el riesgo de que estas especies sean abatidas accidentalmente por confusión con las especies objetivo. También pueden repercutir en el hábitat, como ocurre con el uso de municiones de plomo, cuya contaminación se encuentra ampliamente documentada y afecta no solo a otras especies del ecosistema, sino también a la salud pública.

En casos específicos, la caza de control de especies exóticas o incluso nativas invasoras perjudiciales puede resultar necesaria para preservar especies con problemas de conservación y sus hábitats, en ausencia de otras soluciones alternativas viables. No obstante, cualquier actividad de este tipo debe estar rigurosamente respaldada por evidencia científica y técnica, y gestionada con criterios conservacionistas, minimizando los impactos ecológicos y asegurando la protección de los ecosistemas. Las acciones deben ser fomentadas y supervisadas por las administraciones públicas (autoridades de aplicación), pudiendo recibir orientación de instituciones científicas y ambientales.

Siguiendo esta línea, se hace un llamado a revisar y modificar las legislaciones sobre la caza con el propósito de actualizar y robustecer las normativas y las sanciones aplicables. Resulta elemental que las resoluciones de las autoridades se fundamenten en un análisis exhaustivo y riguroso, que integre tanto la mayor cantidad como la mejor calidad de datos científicos y técnicos disponibles. Asimismo, se debe priorizar la realización de relevamientos actualizados sobre las especies, llevados a cabo por profesionales competentes e independientes.

En todos los casos, Aves Argentinas - Asociación Ornitológica del Plata aboga por un control mucho más estricto de la caza instando a una mayor regulación y supervisión por parte de las autoridades provinciales y nacionales para el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes. Tal como se hizo mención anteriormente, se vuelve a enfatizar la necesidad de un activo seguimiento gubernamental sobre el turismo cinegético, a través de fiscalizaciones y controles estrictos, para evitar que se siga desarrollando al margen de la ley. Paralelamente, es esencial que se fomenten propuestas alternativas de turismo de naturaleza que estén alineadas con la conservación del patrimonio natural. Aprovechando el gran potencial del país en este ámbito y los resultados positivos que estas iniciativas han demostrado en otras regiones, es tanto viable como redituable promover un uso sostenible y no letal de los recursos naturales.

Por último, es importante resaltar que el trabajo con las comunidades locales es otro componente esencial en este abordaje. Promover el monitoreo ciudadano para detectar de forma temprana prácticas ilegales y contribuir a un control más eficiente, llevar a cabo campañas de prevención que fortalezcan la conciencia pública, y la promoción de alternativas económicas que fomenten el uso sostenible de los recursos naturales, junto a incentivos y herramientas para su manejo adecuado, son aspectos cruciales que deben atenderse. 

Referencias 

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