La Argentina posee un patrimonio natural extraordinario: selvas subtropicales, bosques chaqueños, grandes humedales, pastizales, estepa patagónica, montañas y uno de los mares más productivos del planeta. Esa riqueza es biodiversidad, pero también agua, suelos, producción, turismo, paisaje e identidad.
Son el sustrato sobre el que se construye nuestro país, nuestra economía y nuestra cultura: el gaucho no puede entenderse sin el pastizal, ni la Patagonia sin su estepa y su mar. Cuando desaparece un ambiente natural no perdemos solamente especies. Perdemos las bases mismas de la estructura que nos permite ser quienes somos.
Durante décadas, buena parte de la conservación de la naturaleza en países como el nuestro contó, y aún cuenta, con el apoyo decisivo de fondos y organizaciones internacionales. Ese aporte permitió crear áreas protegidas, recuperar especies amenazadas y formar generaciones de conservacionistas. Debemos seguir construyendo esas alianzas. Pero el mundo está cambiando, y 2025 lo dejó en evidencia.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que en 2023 había destinado más de 375 millones de dólares a proyectos de biodiversidad en todo el mundo, fue prácticamente desmantelada de un día para el otro. En Kenia, ese financiamiento llegaba a representar entre el 60% y el 80% del presupuesto de numerosas reservas comunitarias de vida silvestre. En Colombia también se congelaron 70 millones de dólares destinados a la conservación provenientes de esa agencia. En general, la UE está realizando un corrimiento presupuestario hacia temas de seguridad y defensa, y aunque la agenda verde continúa, la misma se ve seriamente afectada. Por lo que pretender que la conservación de nuestra naturaleza dependa indefinidamente de la voluntad de donantes extranjeros no es una estrategia sostenible.
Y allí aparece una enorme oportunidad para el sector privado argentino.
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